Washington decide qué inteligencia artificial puede operar aquí

En solo ocho días, Washington ha trasladado la disputa sobre los modelos de IA chinos del análisis a la oficina administrativa. Scott Bessent menciona sanciones, Michael Kratsios acusa nominalmente de destilación, y más de cien empresas firman una carta en contra. Para el contrato marco europeo de tres años, cuenta la cláusula que cubre el fallo de la plataforma.

RelacionadoCómo frenar el código abierto sin prohibirlo  /  Kimi detiene suscripciones: 7 comprobaciones para el Capex de IA

Ocho días que cambian el panorama

El 21 de julio, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, menciona la palabra «sanción» en una entrevista con Fox Business. Afirma que el gobierno apoya los modelos abiertos, pero que ese apoyo termina cuando se trata de robo de propiedad intelectual. Denomina «destilación» al término técnico que considera un robo. Asegura que se encuentran marcas de agua de modelos de lenguaje estadounidenses en muchos modelos chinos.

Al día siguiente, Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, se pronuncia públicamente en X. Acusa a Moonshot AI de haber destilado Fable de Anthropic para desarrollar K3. Según él, el laboratorio habría creado una plataforma interna para destilar a gran escala y de manera encubierta modelos estadounidenses, cambiando rápidamente las vías de acceso. Considera valiosa la destilación legítima, pero «la destilación industrial encubierta a gran escala» inaceptable. No se ha presentado ninguna prueba pública al respecto.

¿Qué es la destilación? Un proceso en el que un modelo más pequeño se entrena con las salidas de uno más grande y adopta su comportamiento sin acceder a los datos de entrenamiento del original. En investigación, es una práctica común y sirve para mejorar la eficiencia. Se convierte en un caso de conflicto cuando un modelo comercial es sistemáticamente explotado de manera encubierta: entonces surge la pregunta de si se ha producido una fuga de propiedad intelectual. Precisamente esta línea divisoria entre acusación y prueba marca el conflicto actual.

El 24 de julio, Jensen Huang, CEO de Nvidia, publica la carta Open Weights and American AI Leadership. Unos 25 firmantes iniciales se adhieren, entre ellos Nvidia, Microsoft, Meta, IBM, Dell, Palantir, Mistral, la Linux Foundation, Hugging Face, Andreessen Horowitz y Y Combinator. La política debería mantener diverso el campo de los modelos punteros y evitar restricciones prematuras a los modelos abiertos. Las preocupaciones sobre extracción indebida deberían enmarcarse en marcos legales y comerciales específicos, no en prohibiciones generales.

El 25 de julio, el número de firmantes se duplica hasta 50. OpenAI y Google se suman. Amazon y Anthropic no aparecen en ese momento, según Forbes. El 27 de julio, Matt Garman, CEO de AWS, anuncia en X la adhesión de Amazon. Ese mismo día, Dario Amodei, CEO de Anthropic, publica una entrada en su blog sobre la posición de la empresa. La lista de firmantes en Microsoft incluye hoy a más de cien empresas, entre ellas SAP y Siemens. Anthropic sigue sin aparecer.

Amodei separa el origen de la apertura

Quien juzgue a Anthropic solo por la falta de firma está leyendo mal el conflicto. En su artículo del blog del 27 de julio, Amodei escribe textualmente: «Anthropic nunca ha abogado por una prohibición de los modelos de pesos abiertos». La principal preocupación radica en el riesgo de que gobiernos autoritarios desarrollen modelos más potentes que los estadounidenses. Dichos sistemas podrían sustentar una superioridad militar permanente o una profunda represión en su propio país. Menciona al Partido Comunista Chino como la amenaza más capaz, no la única.

Que estos modelos se publiquen con pesos abiertos resulta irrelevante. También lo es si las empresas estadounidenses los utilizan. La preocupación apunta al origen de los modelos, no a su apertura. Esto es precisamente lo que cambia la interpretación.

Así, una adquisición europea no clasifica «abierto» como peligroso de forma genérica. Parecen especialmente en riesgo aquellos modelos cuyo origen Washington señala como problemático. Los sistemas frontera cerrados estadounidenses y los modelos abiertos occidentales se sitúan en una categoría de riesgo distinta a la de los sistemas abiertos chinos. El flujo de noticias narra una disputa sobre el código abierto. La oficina administrativa libra una batalla por el origen y el control.

Washington maneja palancas distintas a las previstas

El control de exportaciones vigente ya actúa sobre los pesos de los modelos, pero desde el otro extremo. El Framework for Artificial Intelligence Diffusion del BIS, de 15 de enero de 2025, creó la categoría ECCN 4E091 para pesos no publicados de modelos avanzados a partir de 10²⁶ operaciones de entrenamiento. Los pesos publicados quedan expresamente excluidos. Este régimen regula la exportación de pesos estadounidenses de frontera al exterior, pero no el importación de modelos abiertos chinos.

Contra un laboratorio actúan la Entity List, los controles de uso final o las sanciones a través de IEEPA y OFAC. Bessent solo empleó la palabra «sanction». Quedó sin aclarar a qué instrumento se refería. Hasta la fecha, no se ha producido ninguna inclusión en la lista. Para una empresa europea, figurar en ella no implica automáticamente la prohibición de usar pesos ya descargados. Lo crítico son los pagos, las licencias, los contratos de soporte y el uso a través de APIs en la nube estadounidense.

Los efectos secundarios entran en juego antes que el derecho primario. Bancos, proveedores de servicios de pago y plataformas en la nube con vínculos estadounidenses evitan a las empresas incluidas en la lista mucho antes de que exista una normativa europea. La vía más rápida para retirar un modelo del mercado europeo pasa por la plataforma: el *delisting* en Azure, Bedrock o Vertex elimina el acceso a la API en cuestión de días.

Las copias autoalojadas siguen siendo técnicamente operativas, pero pierden actualizaciones, parches de seguridad y soporte. Kaspersky y Huawei sirven de ejemplo: el acceso a través de plataformas estadounidenses se interrumpe, aunque el software siga existiendo. No existe un dictamen jurídico sólido que prohíba a una empresa europea la inferencia local únicamente por una amenaza de sanciones estadounidenses. Tampoco hay garantías para casos concretos. El riesgo se traslada del archivo a las actualizaciones, el soporte, las licencias y los pagos.

Siete cláusulas mitigan el fallo del modelo

Una empresa europea está implementando un modelo en su flujo de producción, con un contrato marco previsto para tres años. Qué parte del conflicto afecta a esta decisión se aclara en el trabajo con las cláusulas. Las EU Model Contractual AI Clauses, o MCC-AI, tienen como objetivo el cumplimiento del AI Act, las obligaciones del proveedor, los derechos de datos y las auditorías. Sin embargo, no cubren un fallo del modelo impuesto por motivos geopolíticos. Quien crea que con estas cláusulas tipo el tema está resuelto, ha cerrado la brecha equivocada. El siguiente catálogo es materia de negociación para el departamento de compras y no sustituye el análisis jurídico caso por caso.

1. Plazo de preaviso en caso de depreciación del modelo. Los contratos empresariales suelen establecer entre 60 y 90 días. Los expertos recomiendan hasta 180 días, además de asistencia en la transición y reembolso parcial, según Promise Legal en julio de 2026. En la negociación, esta cifra suele chocar con el interés del proveedor por depurar rápidamente sus líneas de producto.
2. Cambio de normativa con desencadenante de sanciones. Las cláusulas de cambio de normativa son estándar. Si las sanciones estadounidenses y los controles de exportación se consideran desencadenantes, queda sujeto a negociación y rara vez se incluye en los modelos habituales. Si no se menciona expresamente, el fallo pasa a considerarse fuerza mayor y exime de responsabilidad al proveedor.
3. Derecho de sustitución sin penalización. El departamento de compras necesita el derecho a cambiar a un modelo equivalente sin penalización por tiempo restante ni comisión por rescisión anticipada. Los proveedores suelen bloquear esto con definiciones estrictas de equivalencia y largos procesos de verificación.
4. Portabilidad de los propios artefactos. Los pesos del modelo del proveedor, por lo general, no son transferibles. Sin embargo, deben serlo los flujos de trabajo, guardarraíles, configuraciones, arneses de evaluación, ajustes finos, incrustaciones y prompts, como señala Morgan Lewis en febrero de 2026. Si falta esta lista, tras el fallo solo quedará el recuerdo del esfuerzo invertido en su desarrollo.
5. Revelación del origen del modelo. El contrato exige la declaración del origen, junto con la obligación de actualizarlo en caso de cambios significativos en el laboratorio, la base de entrenamiento o la cadena de licencias. Sin esta obligación, la empresa no detectará el cambio en el nivel de riesgo hasta la fecha de deslistado.
6. Soporte de salida con plazo definido. Mantener el funcionamiento o, al menos, el acceso de lectura mantiene los procesos activos mientras se implementa el reemplazo. Un objetivo realista de negociación se sitúa entre seis y doce meses, en función del tiempo que requiera un cambio de modelo productivo, incluyendo su nueva aprobación. Los proveedores suelen aceptar esto solo a cambio de plazos cortos y usos muy restringidos.
7. Reparto de costes de migración. En caso de fallo regulatorio, suele aplicarse la fuerza mayor en beneficio del proveedor. No existe un estándar de mercado unificado para la participación en los costes, por lo que el departamento de compras debe fijar la cifra: un límite cuantificado o un porcentaje fijo del coste de migración, establecido en el contrato y no en la buena voluntad. Quien deje abierta la cuestión de los costes, los asumirá en solitario cuando el despliegue deba reestructurarse a mitad de camino.

La compensación es dura. Plazos largos y derechos de salida costosos encarecen el contrato y ralentizan su cierre. Plazos cortos y cláusulas de fuerza mayor implícitas mantienen el precio bajo, pero trasladan el riesgo operativo a la fase de producción. En un despliegue en curso, el cambio forzoso de herramientas cuesta más de lo que habría costado la cláusula negociada.

El AI Act reparte la carga de la prueba, no la protección ante fallos

Las obligaciones de IA de propósito general del Reglamento (UE) 2024/1689 son aplicables desde el 2 de agosto de 2025 para los nuevos modelos. Las transiciones se prolongan hasta el 2 de agosto de 2026 y más allá. Las licencias libres y de código abierto están exentas de parte de las obligaciones de transparencia y documentación según el artículo 53, siempre que no exista un riesgo sistémico. Los modelos con riesgo sistémico están sujetos a obligaciones más estrictas incluso cuando sus pesos son abiertos. Si un modelo individual supera este umbral depende de cada caso.

El Código de Prácticas de IA de Propósito General del 10 de julio de 2025 está dirigido a los proveedores de los modelos. Para los usuarios solo tiene efectos indirectos. Si el proveedor no lo firma y la documentación del artículo 53 presenta lagunas, la carga de la prueba recae sobre la empresa europea usuaria. Hasta la fecha, no hay constancia de una reacción formal de Bruselas ante la disputa con EE.UU.

Según Jensen Huang en la CES 2026, aproximadamente uno de cada cuatro tokens generados hoy proviene de un modelo abierto. No existe una medición independiente al respecto. Esto subraya el alcance de la decisión de compra, pero no sustituye a una cláusula contractual. La incertidumbre regulatoria no se puede negociar. Los costes de esta incertidumbre pueden repartirse, pero solo de antemano y únicamente en el contrato. Quien deje abierta su distribución, los asume en solitario.

Preguntas frecuentes

Fuente de la imagen: generada por IA (julio de 2026)