Chief AI Officer 2026: ¿Real papel o el próximo título ejecutivo?
Tobias Massow
⏱️ 9 Min. de lectura El Chief AI Officer es la función ejecutiva de nivel C más anunciada y, ...
La mayoría de los miembros de los consejos de administración de las empresas alemanas no son capaces de evaluar si una inversión en inteligencia artificial es razonable, si la estrategia de ciberseguridad es adecuada o si un contrato en la nube entraña riesgos. De doce miembros, típicamente ninguno cuenta con experiencia operativa en tecnología. Es como si un comité de finanzas funcionara sin competencias financieras.
En un mundo donde las decisiones tecnológicas determinan la competitividad y la propia supervivencia de las empresas, un consejo de administración sin competencia tecnológica constituye un riesgo estratégico. La Directiva NIS2, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE y el Reglamento sobre Información no Financiera (CSRD) hacen más explícitas las obligaciones de supervisión – y, al mismo tiempo, ponen de manifiesto esta brecha de forma más evidente.
Heidrick & Struggles revela que, en los consejos de administración del DAX-40, solo el 12 % de los miembros posee un trasfondo tecnológico. En las empresas del índice Fortune 500, este porcentaje asciende al 27 %. Un estudio del MIT demuestra que las empresas cuyos consejos cuentan con competencia tecnológica presentan un nivel de madurez digital un 38 % superior.
La consecuencia es medible: no invierten necesariamente más en tecnología, pero sí lo hacen mejor. Detectan antes las asignaciones inadecuadas de recursos, cuestionan con mayor rigor las recomendaciones de los proveedores y establecen expectativas más realistas respecto a los proyectos de transformación.
El punto ciego resulta especialmente peligroso en tres ámbitos: estrategia de IA (inversiones que alcanzan cifras de tres dígitos en millones de euros), ciberseguridad (vital para la supervivencia, aunque técnicamente compleja) y transformación en la nube (dependencias a largo plazo que resultan muy difíciles de revertir).
La excusa más habitual es: «Para eso tenemos al CIO». Se trata de un malentendido fundamental acerca de la función de supervisión. El consejo de administración debe controlar a la dirección ejecutiva, no confiar ciegamente en ella.
La Directiva NIS2 hace personalmente responsables a los directivos de las deficiencias en ciberseguridad. La Ley de Inteligencia Artificial de la UE exige la gestión de riesgos a nivel directivo. Si el consejo de administración no es capaz de evaluar si un sistema de IA debe clasificarse como de alto riesgo, falla la instancia de control.
Un consejo de administración sin competencia tecnológica equivale a un comité de auditoría sin competencia financiera. Hace veinte años era algo habitual. Hoy es impensable. La misma evolución está a punto de producirse también en el ámbito tecnológico.
Modelo 1: Incorporación intencionada al consejo. En la próxima renovación, buscar deliberadamente un perfil con experiencia tecnológica verificable: por ejemplo, un antiguo CTO, CIO o fundador de una empresa tecnológica.
Modelo 2: Consejo asesor digital. Un órgano consultivo compuesto por tres a cinco expertos en tecnología que informen periódicamente al consejo de administración. Coste: entre 50.000 y 150.000 euros anuales.
Modelo 3: Formación del consejo. Programas estructurados de formación continua dirigidos a los miembros actuales del consejo de administración. El IMD, INSEAD y la Universidad de San Galo ofrecen programas especializados en tecnología para consejos.
La solución óptima combina los tres modelos: a corto plazo, un consejo asesor y formación; a medio plazo, una incorporación intencionada en la próxima vacante.
BlackRock ha abordado expresamente la competencia tecnológica del consejo en sus Stewardship-Expectations (expectativas de gobernanza activa). ISS integra la gobernanza tecnológica en sus modelos de evaluación. Para las empresas cotizadas, la competencia tecnológica del consejo de administración se convierte así en una cuestión de valoración en los mercados de capitales.
En el caso de las pymes, esta tendencia se transmite a través de los bancos: los prestamistas incorporan cada vez más la gobernanza corporativa en sus modelos de evaluación de riesgos. Es previsible que, en su próxima revisión, el Código Alemán de Gobierno Corporativo incluya la competencia tecnológica como criterio explícito de diversidad.
La afinidad por la tecnología no equivale a competencia tecnológica. Lo que se requiere es experiencia operativa: alguien que haya tomado personalmente decisiones tecnológicas y asumido la responsabilidad de proyectos de transformación.
Las firmas especializadas en búsqueda ejecutiva con enfoque en la composición de consejos disponen cada vez más de perfiles tecnológicos. Ex-CTOs, ex-CIOs o fundadores de empresas tecnológicas son candidatos ideales. También profesores de informática de gestión aportan perspectivas relevantes.
Entre 5.000 y 15.000 euros por persona y año. Para un consejo de doce miembros: entre 60.000 y 180.000 euros – una fracción mínima del coste derivado de una decisión tecnológica errónea.
De momento no existen obligaciones legales directas. Sin embargo, la Directiva NIS2, la Ley de Inteligencia Artificial de la UE y el CSRD crean, de facto, una expectativa que adquiere progresivamente relevancia jurídica.
Fuente de imagen: Unsplash / Dylan Gillis